South American Research Journal, 5(2), 59-75
https://www.sa-rj.net/index.php/sarj/article/view/81
https://doi.org/10.5281/zenodo.19226770 64
religiosas, políticas y de género que han posibilitado
y justificado su existencia y continuidad en el
tiempo.
De los diversos debates sobre esta actividad,
uno de los más relevantes es el levantado por el mo-
vimiento feminista desde los 80, pues la venta o in-
tercambio de servicios sexuales por dinero o recur-
sos, ejercida en su gran mayoría por mujeres, inter-
peló al pensamiento feminista generando posturas
diversas y enfrentadas, sin que exista consenso al
respecto. Dentro del pensamiento feminista surgie-
ron tres corrientes que han sido dominantes en el
debate: la abolicionista, la postura de reconoci-
miento como trabajo sexual (Daich, 2012) y, la pro-
sex. Para la primera, la prostitución es uno de los
mecanismos de degradación y opresión de las mu-
jeres más profundos que existen; la segunda, la
concibe como una actividad temporal que asumen
algunas mujeres en momentos específicos de sus
vidas con la finalidad de acceder a recursos, activi-
dad que puede ser entendida, incluso, como una de-
cisión soberana sobre su propio cuerpo y sexuali-
dad (Aucía, 2008) y la tercera, reivindica la auto-
nomía sexual de las mujeres, aboga por sus dere-
chos como trabajadoras y critica la moralización de
la sexualidad.
En este contexto de disputa de sentidos sobre
la prostitución, un punto de encuentro entre las dis-
tintas posturas feministas es la crítica a la construc-
ción social del sujeto “prostituta” a través de meca-
nismos culturales y de poder como son los discur-
sos y el lenguaje (Falconí, 2018). La denominación
de “putas” que se da a las mujeres que se dedican a
la prostitución es un calificativo que afecta su va-
loración social como personas y su reputación; ca-
lificativo que termina convirtiéndose en una estra-
tegia de control de la sexualidad femenina en gene-
ral, haciendo que las mujeres tengan miedo de vivir
libremente su sexualidad por temor a ser tachadas,
discriminadas y violentadas (Olaya, 2021). Otros
puntos de encuentro entre posturas son: la necesi-
dad de desestigmatizar a las mujeres, la suspensión
de la penalización hacia ellas y, el intento por sepa-
rar la institución (prostitución) de las personas que
la ejercen, a fin de que esta actividad no defina la
identidad de las mujeres, limite su aceptación so-
cial o las marque de por vida.
Si bien el feminismo ha transitado por diversas
posiciones en torno a la prostitución, el debate se
ha ido polarizando cada vez más entre posturas
abolicionistas y antiabolicionistas (vinculadas a la
noción de la prostitución como trabajo sexual). El
desacuerdo radica en la caracterización de la pros-
titución; para el abolicionismo, la prostitución es,
en todos los casos, una forma de explotación e in-
cluso esclavitud sexual, a más de un mecanismo
que perpetúa la violencia de género y uno de los
pilares que mantiene el sistema patriarcal (Barry,
1995, Lagarde, 1990). Frente a ello, para esta pos-
tura, la única opción posible es abolir la prostitu-
ción y no permitir o legalizar su ejercicio. Por el
contrario, para la posición antiabolicionista, estas
aseveraciones confunden a la prostitución con la
trata, simplifican el fenómeno y no se adecúan a las
diversas realidades de las mujeres que ejercen di-
cha actividad pues homogenizan a las personas, sus
diferentes situaciones vitales y deciden por ellas
(Pheterson, 2000; Juliano, 2002; Lamas, 2014).
Adicionalmente, considera que el abolicionismo no
resuelve la situación y problemática actual de las
mujeres que ejercen esta actividad, razón por la
cual, esta corriente aboga por la regulación de la
prostitución con miras a buscar condiciones de tra-
bajo seguras y defender los derechos –sobre todo
laborales– de las mujeres.
El debate del feminismo se vio alimentado por
la incursión en escena de organizaciones conforma-
das por mujeres que ejercían la prostitución, quie-
nes empezaron a luchar contra la estigmatización y
las etiquetas sociales que las degradaban, e intenta-
ron posicionar que esta actividad era un trabajo y,
en consecuencia, a demandar derechos laborales y
sociales (Corso y Landi, 2000). Nacen así, en los
80, los términos “trabajo sexual” y “trabajadoras
sexuales” para quienes se dedicaban a él (Morcillo,
2016), denominaciones que fueron apoyadas por
varios colectivos feministas antiabolicionistas.
Una de las discusiones centrales en torno a la
denominación de esta actividad como trabajo se-
xual es el hecho de si puede haber libertad de deci-
sión para las mujeres con relación a su ejercicio o
si esta es siempre una actividad inducida por terce-
ros. Según Holgado (2004), es posible que las mu-
jeres ingresen voluntariamente en este mundo